La falta de confianza pública; el nuevo virus.

En los años noventa fue publicado un libro titulado Confianza. Las virtudes sociales y la creación de prosperidad por Francis Fukuyama (1995). La tesis principal era que el bienestar de un país, al igual que la capacidad de su economía para crecer y competir, depende del nivel de confianza inherente en la sociedad.

El libro ilustra muy sutilmente a Colombia, porque no es claro que la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado sea un valor cultural que deba protegerse a todo costo. Sin confianza, una sociedad no puede ser viable. En los últimos años, sin embargo, las autoridades y sus dirigentes se han dedicado a destruir la poca confianza que existe.

Esto se percibe al revisar las decisiones del Gobierno y las opiniones de los políticos. De hecho, así también lo señalan las encuestas de opinión. No hay confianza en la Policía ni en la justicia, las dos instituciones con las cuales interactúan los ciudadanos en mayor medida. Ni que decir de la confianza en las entidades públicas, en los órganos legislativos, en el sector privado y en los gobernantes.

Como en el mundo entero se dirá, el país ha sufrido el impacto de una situación extremadamente difícil como la pandemia de Covid-19; que se modificaron las normas de interacción social y que eso genera miedo entre las personas y esto se podría explicar. Puede ser cierto. Pero a eso le tenemos que sumar el irrespeto a las reglas de juego (instituciones), que da lugar a la inseguridad económica y jurídica.

Los hechos lo confirman; lo que está pasando con las empresas públicas de Medellín (EPM) y su manejo ha puesto en riesgo su presente y, muy seguramente, su futuro. Primero, renuncias en la junta directiva y, hace pocos días, la confusa renuncia o despido del gerente.

El alcalde de Medellín piensa que puede mandar a su antojo una de las empresas de servicios públicos mas importante del país, pasando por encima de las normas corporativas. Y, para colmo de males, el expresidente Uribe Vélez sugiere intervención administrativa de la empresa por el Gobierno, creando todavía mas incertidumbre.

¿Con que cara se les pide a los ciudadanos que confíen en los dirigentes si son conscientes de este espectáculo tan irresponsable?

El interés de Ecopetrol por ISA es un caso en el que se olvida a los accionistas minoritarios que intervienen en las dos empresas, entre ellos los fondos de pensiones, que contaban con la seguridad de que sus derechos serían respetados por los mayoritarios, pero les cambiaron las reglas de juego.

La situación cada vez se pone peor, porque entre el convenio de Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda, se omitió el procedimiento establecido para vender empresas estatales en la Ley 226 de 1994, que conduciría a una operación en condiciones de mercado en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), colocando a los accionistas minoritarios y a la Nación en igual de condiciones.

En este orden de ideas, ¿con qué confianza se acercan los inversionistas, personas naturales o fondos de pensiones a la Bolsa de Valores de Colombia?

En mi opinión, esto se debe a una gran polarización y una gran la falta de liderazgo político. Estamos viendo un país al revés. Donde los técnicos están tomando decisiones políticas tratando de llenar el vacío que dejan los dirigentes, especialmente el presidente Iván Duque. Así pues, es necesario adaptar las leyes a la realidad, no la realidad a las leyes.

 

Autora: Isaías Isaza Bejarano.

Facultad de Economía

Imagen tomada de: The Conversation