El detrimento de un activo social

Resulta inconveniente para las acciones con nobles propósitos el que su esencia se difumine en un mar de detalles poco más atractivos a las vistas de los narradores, pero ¿realmente es así como debería de resaltarse?

Criticando enfáticamente, la perspectiva negativa que asumen las protestas como una forma de hacer vandalismo y de represión, se exhiben hechos alarmantes tal como lo fue para el Paro Nacional del 21 de noviembre el saqueo de una sucursal de ARA, o más recientemente el incendio de CAI’s, sin embargo, estos hechos están opacando las verdaderas intenciones de las protestas sociales en sí mismas, sumergiendo a la sociedad en un bucle del que poco se obtienen resultados deseados.

En la óptica económica subyacen dos elementos inmediatos de entender las protestas como vandalismo y represión. El primero de ellos consiste en el costo social de la infraestructura dañada. El segundo corresponde a la eficiencia del gasto en una seguridad exacerbada.

Costo social en infraestructura dañada.

El coste social por el daño a la infraestructura corresponde a un coste más ambiguo que aquel monto superficial del reparo del inmueble, el coste social que repercute consiste en el detrimento del respeto por la propiedad privada, y en la pérdida de credibilidad del Estado como defensor de este derecho. La disminución de la legitimidad del Estado corresponde precisamente a una pérdida del contrato social establecido, donde se vislumbra la entrada de aquel Estado de naturaleza primitivo de Hobbes, pero, ello supone una pérdida social en la que las reglas establecidas se vuelven menos rígidas, bajo ese contexto es comprensible hechos donde los civiles inclusive aprovechan la flexibilización de las reglas para hacer saqueos a residencias.

Eficiencia del gobierno en seguridad exacerbada.

La estrategia del gobierno pareciera ser prudente, en el propósito de intentar optar por seguridad en el posible escenario caótico, no obstante, aquella no es adecuada eficientemente ya que podría evitar los altos costos de reprimir las marchas, estableciendo una mesa de diálogo en atención a las demandas de las protestas. No obstante, la represión del ESMAD a las marchas está afectando exactamente lo mismo que la destrucción de infraestructura por los vándalos, la legitimidad del Estado y el contrato social, de esta manera si el gobierno hubiese optado por un gasto en mesas de dialogo podría haber causado menos resentimiento social del que está ocasionando las represiones.

Hago un llamado a que el gobierno opte por la conciliación y la paz, a que recuerde nuestros principios de civilización ¿Qué tan afectado esta ya el contrato social? ¿En qué tanto más podemos disminuir la legitimidad estatal? ¿Realmente es eso conveniente para nosotros como sociedad? En momentos de incertidumbre donde la perturbación del equilibrio frágil del orden y autoridad política, alarman y opacan nuestro horizonte futuro ¡Estamos destruyéndonos y a nadie parece importarle! Ambas partes actúan en detrimento del contrato social, por un lado, los ataques de los vándalos contra el respeto a la propiedad privada, y por otro, la represión del ESMAD contra los derechos humanos, el de la vida, el de la expresión, entre otros, lo que desata aquella sonora ilegitimidad al contrato social y es precisamente allí donde las razones de las protestas poco a poco parecieran desvanecerse en un interludio estruendoso característico de un Estado de Naturaleza ¿Puede alguien escuchar o entender con tanto ruido?

Autora: Xara Lucía Chamorro Aristizábal

Facultad de Economía

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